Los Zetas tuvieron bajo su nómina a presidentes municipales, policías locales, funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), a elementos del Ejército y a gobernadores de Coahuila y Veracruz.
Incluso, el grupo criminal se favoreció de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Lo anterior se desprende del análisis que la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas realizó de las declaraciones de más de 20 testigos que hablaron como parte de tres juicios federales llevados a cabo en Estados Unidos contra miembros de Los Zetas.
Según el documento, titulado «Control… sobre todo el Estado de Coahuila», en 2004, Efraín Torres «El Z-14», en ese entonces brazo derecho del líder Heriberto Lazcano, le dio 12 millones de dólares a Francisco Colorado Cessa para apoyar la campaña de Fidel Herrera rumbo a la Gubernatura de Veracruz.
La «donación» fue para que su empresa de Colorado Cessa, ADT Petroservicios, que Los Zetas usaban para lavar dinero, fuera beneficiaria de contratos de Pemex.
«Como socios, ellos (Colorado Cessa y Torres) iban a expandirla (a ADT Petroservicios) y crecer usando contratos públicos. Cuando el candidato ganara la gubernatura, él les daría los proyectos, y entonces, ellos iban a obtener el contrato público del Gobierno federal a través de Pemex», declaró José Carlos Hinojosa, un ex fiscal convertido en contador de Los Zetas, que fue detenido en 2008.
Rodrigo Uribe Tapia, otro lavador de dinero para Los Zetas, describió una reunión en 2010 en una casa que le pertenecía al entonces Gobernador de Veracruz Javier Duarte, en cuyo patio mataron a una contadora.
El informe plantea que la estrategia la repitieron en Coahuila, donde Los Zetas concentraron sus operaciones y donde realizaron crímenes.
El mismo Uribe Tapia declaró que él acompañó a Danny Menera, quien era el jefe de plaza de Piedras Negras, a entregar dos pagos de 2 millones de dólares en efectivo a cambio de control total sobre Coahuila.
El dinero lo entregaron a Vicente Chaires, el secretario personal del entonces Gobernador Humberto Moreira, y a Jesús Torres Charles, el Procurador General del Estado en ese tiempo, para sobornar al Mandatario estatal, según el relato.
«Lo que hicieron ahí en Saltillo, sobornaron al Procurador General del Ministerio Público y eso fue por protección y el acuerdo al que habían llegado con el Sr. Humberto Moreira, quien era el Gobernador de Coahuila en ese entonces», declaró Uribe.
Según Adolfo Tavira, identificado como ex administrador de producción de Televisa y narcotraficante, el actual Gobernador, Rubén Moreira, también colaboró con Los Zetas.
Él describió una ocasión en la que entregaron un pago al Mandatario en el rancho de otro narcotraficante, Beto Casas, a través de una camioneta Suburban llena de maletas repletas de dinero.
Uribe Tapia, quien lavaba dinero a través del centro comercial Black City Mall de Piedras Negras, aseguró que Los Zetas también le vendían carbón a la CFE, además de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les ayudó a inventar deudas para reducir la tasa de interés que debían pagar sobre sus ingresos.
El control que Los Zetas lograron, ya sea mediante sobornos o mediante una estrategia del terror, incluyó a la Policía Federal, a la PGR y a elementos del Ejército, además de ministerios públicos de Coahuila y policías estatales y municipales.
«Si bien los testigos no ofrecieron detalles respecto de cuáles divisiones del Ejército o la Policía Federal eran corruptas, en algunos testimonios se hizo mención de algunos incidentes específicos», indica el documento.
«(Jorge) De León (asistente de un líder Zeta) explicó que el Ejercito mexicano mantenía una relación no hostil con las agencias policiales locales que trabajaban con Los Zetas. Además, (Adolfo) Tavira declaró que la unidad militar asignada a Ciudad Acuña trabajaba junto con la policía local y con Los Zetas».